¿Se da cuenta el amable lector que en materia de “reformas”, todo lo que hasta ahora nos han vendido como lo último, lo más acabado, lo más quintaesenciado de la modernidad, el progreso y el adelanto, nos ha sido más bien calamitoso, inicuo, pernicioso y depauperizante en diversos grados y órdenes? Tal vez porque en el ideario político de la casta gobernante se encuentran confundidas la magnesia con la gimnasia, para decirlo de una forma que aunque laxa, resulta no menos verdadera: convierten en valor preponderante y absoluto uno de los rasgos del saber predominante, y como en éste, querrían cristalizar en su respectivo dominio el sistema operativo 8.1, y el 4G en un aparato de regulación social cual proveniente de una franquicia de Silicon Valley… aunque muy “a la mexicana”; en ello se juegan sin empacho su eficiencia y utilidad pública, amén de exhibir la más lamentable ignorancia respecto a la historia del mismo país que dicen “mover”, cuyos derroteros van al garete a carencia de una filosofía elemental que resulta muy grande para frentes que pueden medirse con dos dedos…Así pues, el último hilarante –y mal llamado- “informe” del señor Peña, además de ser una componenda de falsedades y disparates producto de la política oficial de la percepción, es en su formato una superlativa mendacidad que catapulta a primer plano la lambisconería en torno a la figura presidencial al tiempo de agrandar la zanja entre poderes y poner, por ende, de nueva cuenta en jaque a nuestra oprobiosa “democracia representativa” (¿o se siente en efecto el lector representado por diputados y senadores?). Entender esto nos exigiría contextualizar la disposición jurídica que posibilitó su deformación, aun de modo sucinto.
La última “reforma” al Artículo 69 constitucional -que hasta ese entonces hacía de la presencia de la cabeza del ejecutivo requisito indispensable durante la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso a fin que informara por escrito del estado de la Unión- , la más artera de las tres que sufrió desde su instauración en la Constitución del 17 (aunque en realidad dicha obligación se remonta hasta la constitución de 1824) , fue promovida y concretada durante el calderonato, quince días antes que el aludido se viera obligado a fajarse los pantalones y plantarse ante Congreso, medios y sociedad en su segundo informe de actividades: recordemos que el primero hubo de durar escasos siete u ocho minutos debido al inverosímil escenario de fraude electoral que lo llevó a la Silla del Águila y el repudio generalizado que su mandato ilegítimo inspiró en el grueso de la población (por otra parte, su antecesor ya lo había llevado a práctica durante su último informe, impelido por el clima de crispación manifiesto desde el cuarto, cuando recurrió al bajo expediente de blindar el recinto legislativo con PFP y ejército…). Lo curioso de esta “reforma” es que se sustentó en argumentos tan endebles como procaces falacias que sólo hasta hoy salen a la luz pública debido a su insano desarrollo: Susana Pedroza de la Llave nos recuerda en “Derechos del pueblo mexicano” que –y en esto el lector habrá de detectar odiosas familiaridades- lo esgrimido en aquella “reforma” fue el “carácter añejo” del formato, que no se adecuaba a “las nuevas características de la sociedad mexicana”. Tal cual. Y así, quedó suprimido el requisito de la presencia del jefe del ejecutivo en la rendición del informe POR ESCRITO. (A este respecto habremos de considerar dos cosas. La primera, que desde el gobierno de Guadalupe Victoria, primer presidente constitucional de la incipiente República, el informe del estado de cosas se dio de forma ORAL ante Congreso; dicho formato se modifica en la Constitución de 1917, el cual exigía su rendición por escrito, aunque conservó el tradicional discurso vinculado a la ceremonia de tan alta trascendencia nacional, que por un lado degeneró en pleitesía hacia la figura presidencial cuando cámaras, gobiernos estatales, sindicatos, órganos de procuración de justicia y sociedad en su conjunto estaban infiltrados y manejados por el partido hegemónico, y por otro hacía su evolución en 1988 cuando por la composición de las cámaras el informante en turno se vio interpelado, desmentido y denostado primeramente por parlamentarios, poco después por el activismo social, como vimos que ocurrió durante el gobierno del infame Fox, al punto de paradójicamente exigir su supresión durante el segundo gobierno de “alternancia”. La siguiente cosa a considerar, son las recomendaciones que Amador Rodríguez Lozano hizo al 69 constitucional recogidas por Pedroza en el texto citado, según las cuales no sólo se trataba de que el titular de Presidencia diese un informe ante Congreso, sino que lo hiciera ORALMENTE, a fin de promover un diálogo efectivo entre poderes y una rendición de cuentas NO DISCRECIONAL de cara a la sociedad. Así mismo, detectaba un contrasentido en que las réplicas al informe por las distintas fuerzas parlamentarias se efectuasen antes de la rendición del mismo, desvinculando de tal guisa la materia de aquellas a carencia de conocimiento de éste, de modo que el engranaje debía montarse en sentido inverso, dando a cada grupo un espacio de diez minutos, A FIN QUE PUSIERAN EN CLARO SU POSICIÓN POLÍTICA RESPECTO AL INFORME PRESENTADO. Sin embargo, no fueron estas sensatas recomendaciones las que trascendieron cuando su última reforma, sino aquéllas que más convinieron a un régimen que sabiéndose repudiado se refugió cobardemente en el despliegue ideológico de acendradas estupideces que ha sido nuestro “pan de cada día” desde el sexenio madridista: modernidad, progreso, cambio, guerra sin cuartel al rezago en cualquiera de sus expresiones en un mundo de líderes, un vagón puntero en la frenética locomotora de la globalización, etc., etc.).
Es así como la administración actual encuentra el camino allanado para llevarlo un paso más allá, demostrándonos su capacidad de “superación”. Allí donde el calderonato amplía la brecha con el Congreso, el peñismo hace lo propio con la sociedad: a través de un show televisivo a cuyo foro montado en Palacio Nacional fueron únicamente llevados los favorecidos (o “las favoritas”, si se quiere), trata de vendernos un remedo de la ceremonia de antaño, atreviéndose a llamarlo “informe”, justamente a costa del erario: ¿o es que los desplazamientos, playeras, cachuchas, silbatos, serpentinas, tortas y demás de todos esos incondicionales cuyo lugar propio en mejores calendas fue la posterior ceremonia del “besamanos” no costaron? ¿Es que la transmisión exclusiva en canal 4 de televisa fue un gesto altruista? ¿O es que las dos preguntas anteriores únicamente develan cuán torcidos pueden ser nuestra intención y pensamiento, como si no hubiéramos sabido recientemente de los casi cuarenta mil millones de pesos que la administración peñista ha invertido en imagen y medios a lo largo de su inacabado sexenio? Porque claro, se las ha maravillosamente arreglado para hacer del crítico un “derechairo”, del que cuestiona un “obradorista”, del que sospecha un “afiliado”, del que disiente un “incapaz de entender”, del que rehúsa un criminal, y en la cima de todo esto, ha logrado que la misma población adopte soterradamente su patético discurso…
¿Qué nos queda después de un quinto informe que únicamente puede ser sopesado en la balanza del cinismo y la mentira? Quizá lo que señala Pedroza de la Llave en el texto ya referido: el segundo párrafo del 69 reformado estipula que los secretarios de estado y directores de paraestatales pueden ser citados a comparecencia en ambas cámaras, y ante éstas, se ven obligados a prestar juramento de conducirse con verdad, caso contrario, “…la ‘protesta’ implica el surgimiento de una responsabilidad de carácter penal, en términos de los dispuesto en el Artículo 247, fracción 1 del Código Penal Federal, según el cual se impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días de multa al que interrogado por una autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o fuera de ellas, faltare a la verdad…”, con la desafortunada cortapisa, continúa, del fuero que gozan; por lo cual habríamos primero de ocuparnos de éste mediante el mecanismo de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, a fin de poderlos PROCESAR. Esta opción se nos antoja tan seductora como inasible… Aunque su alcance más depende de la sociedad al hacer Política con mayúsculas: una que no encuentre su piso en el olvido y las coyunturas, sendos nutrientes de los que mama el político de profesión, sino una en bases sólidas y de largo alcance que posibiliten formar agenda…Dicho todo lo anterior, ya no nos exponemos a ser tildados de reaccionarios si nos decidimos por la supresión del fuero a todos los niveles; tampoco a ser llamados retrógradas si abogamos por la reinstauración del espíritu del 69 constitucional que se radicaba en los artículos 67 y 68 de la Constitución de 1824, según el cual el informe del estado de la Unión había de rendirse DE FORMA ORAL ANTE CONGRESO, CON LAS CONCOMITANTES RÉPLICAS…
Vamos a quedarnos con esto…
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Con las fiestas patrias a la vuelta de la esquina, emerge una vez más el debate que se ha hecho indefectible y paulatinamente más presente desde el México finisecular hasta lo que llevamos de este nuevo milenio, y es a saber: “¿tenemos algo que celebrar?”. La pregunta entraña tanta amargura como decepción a la hora de considerar los derroteros que ha tomado el país, y por supuesto, ante los responsables de haberlo conducido allí, máxime cuando el informe de gobierno del ejecutivo federal coincide históricamente desde hace casi un siglo (con contadas excepciones) con el mes de las celebraciones de lo que nos dotaría de identidad política, y por lo cual habríamos de sentirnos orgullosos: una nación independiente. Sea el tiempo interpuesto entre la declaración y lucha por la independencia ante la corona y los tiempos actuales, o bien el estado efectivo que guarda la Nación, la disputa parece tornarse cada vez más ríspida, al punto que para muchos es más lo que habría que deplorar que celebrar… Sea lo que fuere por lo que cada cual se decantare, creemos no sólo que no debemos acudir a la Plaza de la Constitución, sino que además debemos exigirle al señor Peña que ni bajo coacción o compra de voluntades haya de llenarla, ambas prácticas deleznables con las que querría aumentar su “rating”, que ya no su aceptación… #SinAcarredos sería el instrumento de repudio popular y demanda ciudadana que buscaría coartar el oneroso gasto discrecional que por quinta vez pretenden, ya sin ningún género de duda, repetir aquéllos que han querido “mover a México”…
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